LIMA (Reuters) - Una ley recientemente aprobada por el Gobierno peruano que permite cerrar procesos largos a militares y policías acusados de violación a los derechos humanos avivó el martes una polémica en el país, que sufrió una cruenta guerra interna por dos décadas.
El Gobierno argumenta que el objetivo de la ley es adelantar la entrada en vigencia de artículos contenidos dentro del nuevo código procesal penal para delitos de violación de derechos humanos y que ya rigen en algunas partes del país.
También pretende adecuar el código de justicia militar a las más recientes sentencias del Tribunal Constitucional, que señaló que "la prosecución de un proceso penal sin ningún límite temporal resultaría a todas luces inconstitucional", según dijo el ministro de Defensa, Rafael Rey.
La ley fue aprobada la semana pasada por el Gobierno del presidente Alan García a través de poderes legislativos que se le otorgaron en esa materia.
"Lo único que hacemos es adelantar la vigencia de artículos que a más tardar van a entrar en vigencia para todos los peruanos a fines del 2012, para todos los casos y para todos los delitos", dijo el ministro Rey en un encuentro con la prensa extranjera.
El tema se encendió luego de que un grupo de militares retirados, acogiéndose a la llamada ley 1097, solicitó archivar un juicio en curso desde el 2001 vinculado a los derechos humanos y que aún no tiene sentencia.
La medida fue rechazada por organismos defensores de los derechos humanos y familiares de víctimas de abusos y el ministro de Justicia, Víctor García Toma, amenazó con renunciar luego de mostrar diferencias sobre los alcances de la ley.
El funcionario dijo que la norma no coincide con una "versión aceptable" que planteó su portafolio sobre el tema.
Pero el primer ministro, Javier Velásquez, dijo después a periodistas que conversó el martes con el ministro de justicia y "se superó el incidente" y la posible renuncia.
La ley señala que los jueces deben declarar el archivo de un proceso judicial contra miembros de las Fuerzas Armadas por abusos a los derechos humanos cuando se haya superado el plazo máximo de un juicio sin sentencia, que es de hasta 36 meses.
GRUPO COLINA
Uno de los estos juicios es al llamado Grupo Colina, conformado por militares que actuaron en la clandestinidad en su lucha contra guerrilleros del maoísta Sendero Luminoso, durante el Gobierno del ex presidente Alberto Fujimori.
Varios miembros del Grupo Colina están siendo procesados por casos de violaciones a los derechos humanos, entre ellos la matanza en 1991 de 15 personas, entre ellos un niño de 8 años, supuestamente vinculados a la guerrilla izquierdista.
La guerra interna que asoló a Perú dejó cerca de 69.000 personas muertas o desaparecidas, según cifras oficiales.
Por este caso y otros, el ex presidente Fujimori fue condenado a 25 años de prisión acusado de cobijar al grupo paramilitar durante su Gobierno entre 1990 y el 2000.
"Diez años de enjuiciamiento excede no sólo la legislación nacional sino cualquier legislación de carácter internacional", dijo Marcelo Rodríguez, abogado de los miembros del Grupo Colina que solicitó el archivo del juicio a los militares.
La abogada de las víctimas por este caso, Gloria Cano, dijo que es inaceptable la ley en momentos que el Perú trata de hacer justicia a casos de violación a los derechos humanos.
"Creemos que esto es hasta inaplicable porque el Gobierno ha suscrito convenios internacionales que obliga al Estado peruano a culminar estos procesos", dijo Cano a periodistas.
Amnistía Internacional dijo hace unos días en un comunicado que la ley "constituye un grave retroceso en derechos humanos" porque permite prescribir los crímenes de guerra en Perú.
Perú se adhirió a la convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de Naciones Unidas en el 2003.
Sin embargo, su adhesión está sujeta a expresamente a la condición de que los crímenes de este tipo sólo sean regidos por la convención a partir de su entrada en vigencia.
"Los crímenes de guerra o de lesa humanidad que hayan sido cometidos después del 9 de noviembre del 2003 no tienen prescripción (...) pero sólo para esos, no para los cometidos antes", dijo el ministro Rey.
(Reporte de Marco Aquino y Patricia Vélez, Editado por Juana Casas)
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