Por: Augusto Álvarez Rodrich
Luis Castañeda tendrá que demostrar dotes de Houdini político para salir ileso del entripado maloliente del ‘caso Comunicore’, el cual permitió que una empresa fantasma obtuviera una ganancia rápida y millonaria gracias a un súbito cambio de opinión del municipio de Lima.
La investigación realizada por Daniel Yovera en Perú.21 –que le ha costado un juicio– se resume en que el municipio logró renegociar una deuda original con Relima de S/.46 millones a S/.35.9 millones a pagarse en diez años. Luego, dicha empresa le vendió la acreencia a Comunicore en S/.14.6 millones.
Pero, pocos días después, la municipalidad cambió de opinión y decidió pagársela al toque a Comunicore, con lo cual esta firma ganó, en pocos días, unos veinte millones. El argumento del sospechoso giro fue la condicionalidad de una emisión de bonos para financiar las obras del municipio.
Si todo esto ya le parece sospechoso, la situación empeora al constatar que el directorio de Comunicore era integrado por tres personas de recursos tan escasos como sus conocimientos financieros, y que esta empresa fue disuelta poco después de cobrar la plata, en una notaría de La Oroya.
Peor aún: además de las presiones y amenazas que comprobadamente han sufrido esas personas, Perú.21 acaba de revelar que el dinero fue retirado de los bancos mediante el reclutamiento de al menos treinta personas pobres que, a cambio de S/.100 y el pago del taxi de regreso a su humilde vivienda, fueron sacando el dinero de las cuentas.
El chanchullo salta a la vista. La respuesta, ofrecida por el congresista Walter Menchola, es que el municipio no puede ser responsable de un acuerdo entre dos empresas privadas, y que la denuncia se explica porque el grupo El Comercio quiere impulsar la candidatura de Alejandro Toledo a través de la demolición política de la postulación de Castañeda.
‘Me quieren destruir’ es la justificación clásica del que carece de argumentos para defenderse pero, aun si fuera cierto que dicho grupo no quiere a Castañeda, esto sería algo de menor relevancia frente al fondo de la denuncia y, en ese sentido, la explicación de que se trata de un acuerdo entre dos privados no tiene fundamento pues la única manera por la que se podía concretar este chanchullo era mediante el súbito cambio de opinión del municipio.
No cabe duda de que acá hay chanchullo. Tampoco, de que Castañeda –un candidato presidencial de peso– sale embarrado. La pregunta pendiente es: ¿cuántos entripados como este, de montos diferentes, ocurrirán cotidianamente en el Estado peruano sin que nadie se dé cuenta?
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