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| Luis Giampietri |
El Decreto Legislativo 1097, según los críticos, "amnistiaba" a quienes hasta ahora -policias y militares- acusados del delitos de lesa humanidad, no habían sido sentenciados por el Poder Judicial.
Una de las voces más fuertes que se levantó en contra de este dispositivo e incluso renunció a la presidencia del Lugar de la Memoria fue el destacado escritor peruno Mario Vargas Llosa.
LIMA (AP) - El Congreso derogó el martes un decreto expedido por el Ejecutivo que había sido ampliamente cuestionado por considerarse que abría las puertas de las cárceles a violadores de los derechos humanos.
Horas antes de debatirse la derogatoria en el pleno del legislativo, el saliente presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez, destacó que el gobierno del presidente Alan García había demostrado "capacidad de rectificación" al pedir en la víspera al Congreso que derogara la polémica norma.
La derogatoria del decreto 1097, que entre otras cosas establecía la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2003, así como el cierre de casos por exceso del tiempo de investigación, fue aprobada el martes en la noche por 90 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención.
El decreto fue promulgado por el Ejecutivo el 1 de septiembre, en uso de las facultades legislativas que le concedió el Congreso, y de inmediato levantó una oleada de críticas de organismos defensores de los derechos humanos y otros sectores.
El punto culminante de los cuestionamientos llegó el lunes, cuando el escritor peruano Mario Vargas Llosa envió una carta a García en la que renunciaba a presidir una comisión encargada de la construcción de un museo para recordar los años de violencia política, que ocasionaron casi 70.000 muertos y desaparecidos entre 1980 y el 2000.
Vargas Llosa afirmó que el decreto 1097 era una "amnistía apenas disfrazada" y que desprestigiaba al gobierno de García.
El mandatario aclaró el martes que la carta de renuncia del escritor no fue lo que obligó al Ejecutivo a dar marcha atrás y pedir al Congreso la derogatoria de la norma.
"Tanto poder no tiene Vargas Llosa... es la opinión de un ciudadano. Yo he escuchado también la voz de algunos jueces, de algunos juristas, algunos a favor. Pero si no está claro, si no está bien aceptado (el decreto), y se va a creer que uno está abriendo las rejas a delincuentes, mejor deróguenlo", manifestó García en declaraciones a periodistas.
Velásquez afirmó que el Ejecutivo consideró la posición del novelista al reconsiderar su decisión.
"Mario Vargas Llosa es un peruano muy respetable, él ha expresado una opinión; obviamente que se ha tenido en cuenta al momento de tomar la decisión", comentó.
Velásquez, que dejó el cargo de jefe del gabinete el martes por tener intenciones de postularse en las elecciones generales de abril del próximo año, negó que el decreto 1097 tuviese como motivación beneficiar a los ex miembros del grupo Colina, un escuadrón de aniquilamiento del ejército que funcionó en los primeros años de la década de 1990, como afirmaron los detractores de la norma.
"Nosotros discutimos mucho ese tema en el Consejo de Ministros y se quedó en que no beneficiaba a ninguno de esos delincuentes. No ha salido nadie en libertad, y este tema ya se rectificó", dijo. "El Congreso derogará la norma y creo que será una incidencia que no se puede volver a repetir".
Una de las voces más fuertes que se levantó en contra de este dispositivo e incluso renunció a la presidencia del Lugar de la Memoria fue el destacado escritor peruno Mario Vargas Llosa.
LIMA (AP) - El Congreso derogó el martes un decreto expedido por el Ejecutivo que había sido ampliamente cuestionado por considerarse que abría las puertas de las cárceles a violadores de los derechos humanos.
Horas antes de debatirse la derogatoria en el pleno del legislativo, el saliente presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez, destacó que el gobierno del presidente Alan García había demostrado "capacidad de rectificación" al pedir en la víspera al Congreso que derogara la polémica norma.
La derogatoria del decreto 1097, que entre otras cosas establecía la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2003, así como el cierre de casos por exceso del tiempo de investigación, fue aprobada el martes en la noche por 90 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención.
El decreto fue promulgado por el Ejecutivo el 1 de septiembre, en uso de las facultades legislativas que le concedió el Congreso, y de inmediato levantó una oleada de críticas de organismos defensores de los derechos humanos y otros sectores.
El punto culminante de los cuestionamientos llegó el lunes, cuando el escritor peruano Mario Vargas Llosa envió una carta a García en la que renunciaba a presidir una comisión encargada de la construcción de un museo para recordar los años de violencia política, que ocasionaron casi 70.000 muertos y desaparecidos entre 1980 y el 2000.
Vargas Llosa afirmó que el decreto 1097 era una "amnistía apenas disfrazada" y que desprestigiaba al gobierno de García.
El mandatario aclaró el martes que la carta de renuncia del escritor no fue lo que obligó al Ejecutivo a dar marcha atrás y pedir al Congreso la derogatoria de la norma.
"Tanto poder no tiene Vargas Llosa... es la opinión de un ciudadano. Yo he escuchado también la voz de algunos jueces, de algunos juristas, algunos a favor. Pero si no está claro, si no está bien aceptado (el decreto), y se va a creer que uno está abriendo las rejas a delincuentes, mejor deróguenlo", manifestó García en declaraciones a periodistas.
Velásquez afirmó que el Ejecutivo consideró la posición del novelista al reconsiderar su decisión.
"Mario Vargas Llosa es un peruano muy respetable, él ha expresado una opinión; obviamente que se ha tenido en cuenta al momento de tomar la decisión", comentó.
Velásquez, que dejó el cargo de jefe del gabinete el martes por tener intenciones de postularse en las elecciones generales de abril del próximo año, negó que el decreto 1097 tuviese como motivación beneficiar a los ex miembros del grupo Colina, un escuadrón de aniquilamiento del ejército que funcionó en los primeros años de la década de 1990, como afirmaron los detractores de la norma.
"Nosotros discutimos mucho ese tema en el Consejo de Ministros y se quedó en que no beneficiaba a ninguno de esos delincuentes. No ha salido nadie en libertad, y este tema ya se rectificó", dijo. "El Congreso derogará la norma y creo que será una incidencia que no se puede volver a repetir".
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