domingo, 18 de marzo de 2012

ATENTADO CONTRA LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS POBRES. (INCENDIO EN LIMA)


Por: Dr. Martín Nizama-Valladolid*
La mano negra que el jueves 08/3/12 provocó el dantesco incendio del almacén central de material pedagógico del Ministerio de Educación, localizado en el cruce de las Av. Tingo María y Venezuela en el Cercado de Lima, probablemente, lo hizo adrede por mandato del poder oscuro en perjuicio de los niños pobres del país. El devastador incendio causado por émulos de Nerón se inició alrededor de las 10 pm y duró más de 20 horas, destruyendo más del 60 por ciento del inmueble de 6,000 m2 de extensión. El siniestro fue catalogado con el “código 3”, la máxima escala que maneja el Cuerpo General de Bomberos (CGB), para medir la intensidad del fuego.
Adyacente uno y cerca al almacén incendiado otro, hay dos grifos de combustible y una fábrica de pinturas. Merced a la pericia de los heroicos bomberos, dichos locales con material inflamable no estallaron, felizmente.

SABOTAJE

Existen indicios suficientes que permiten formular la hipótesis del atentado perpetrado por émulos de Nerón, cebados por el dinero malhabido de agentes poderosos que sólo buscan ocultar sus latrocinios y corruptelas, para preservar sus privilegios egoístas.
Para el brigadier mayor José Obando Morgan, director de Técnicas Contra Incendios del CGB, el siniestro fue inducido por agentes externos, puesto que el fuego se inició en cuatro puntos distintos del depósito en simultáneo y no en un solo punto como sucede cuando es fortuito. Obando precisó que “hubo focos de iniciación en cada esquina del local” (La República, 10/3/12), lo que indicaría la participación de incendiarios contratados que actuaron de manera concertada.
También, genera suspicacia la rapidez con que se propaló el fuego y la demora de los agentes de seguridad del depósito en pedir ayuda a los bomberos. Al respecto, el comandante departamental del CGB DE Lima, Alberto Marticorena Domínguez, dijo: “pudo haber sido un cortocircuito, hasta un cigarro encendido, pero si existe personal de seguridad ahí, ¿cómo no se han dado cuenta? ¿Y por qué esperaron que el fuego avance sin llamar a los bomberos? Es extraño”, precisó (Diario 16. Sección Política, 10/3/12). Marticorena también señaló que se habían incumplido las normas elementales de seguridad, “no sabemos si en el local había extintores”, añadió (La República, 12/3/12). Tampoco hubo heridos ni fallecidos durante el voraz incendio, excepto siete bomberos que sufrieron contusiones leves y problemas respiratorios por inhalación de humo.
Por su lado, el experto en temas de seguridad contra incendios, Carlos Wallpa, precisó que “es muy extraño que rápidamente se haya propagado porque tenemos material inflamable sólido, pero no tiene la rapidez de la gasolina o el gas propano. Para mí, hay dudas de que el incendio haya sido generado por accidente” (La Primera, 12/3/12).
También se pronunció Arnold Millet, gerente de Servicios Ciudadanos de la Municipalidad de Lima, quien informó que conversó con personas que escucharon explosiones antes de que se iniciara el fuego. El funcionario edil alertó que “no vaya a ser como en el caso de la galería La Cochera (de Mesa Redonda), que se atribuyó a un cortocircuito. Yo tengo pruebas de que ese siniestro fue provocado” (La República, 10/3/12).
Por su lado, la Ministra de Educación, Patricia Salas O’ Brien, profundamente indignada, no descartó la hipótesis del acto inducido e informó que se hará un peritaje nacional a cargo de la Fiscalía y otro peritaje internacional por la compañía de seguros para determinar con precisión las causas reales del siniestro, anunciando que se adoptarán las acciones administrativas y penales a quienes resultaran responsables. (La Primera: 13/3/12). Igualmente, el congresista Sergio Tejada, presidente de la megacomisión que investiga la administración gubernamental anterior, señaló: “no es la primera vez que se queman documentos o se pierden archivos” (Diario 16. Sección Política: 10/3/12). En efecto, a inicios del 2009 se produjo la sustracción de 838 cajas con documentos oficiales sobre la construcción de hospitales en el gobierno precedente (2006-2011), hecho delictivo que quedó en la impunidad. Al respecto, la actual Secretaría General del Ministerio de Educación, Desilú León Chempén, ocupaba ese mismo cargo en el MINSA durante la gestión del Ministro Hernán Garrido Lecca (Diario 16. Sección Política: 11/2/12).

DAÑOS

Los daños causados por el gigantesco incendio fueron cuantiosos. En total suman 280 millones de soles de pérdida para el erario nacional. Así lo informó en conferencia de prensa la Ministra Patricia Salas (Diario 16. Sección Política: 10/3/12). El incendio convirtió en cenizas el 58 por ciento del material educativo del año producido para niños pobres de colegios de Loreto, Ucayali y Madre de Dios, para efectos de la innovación educativa que se ha propuesto realizar el gobierno en el presente año. El material quemado en hacinado depósito afectó a 250 mil escolares. (La Primera: 13/3/12).
Se quemaron 500 mil textos para niños de Educación inicial de 3, 4 y 5 años; 21 mil guías de trabajo para docentes de Educación inicial; 6 mil paneles solares; 30 mil kits y módulos para matemáticas y comunicaciones; 2 mil kits para desarrollo psicomotriz en Educación inicial; 40 mil computadoras inalámbricas XO y 21 mil notebooks para docentes de Educación inicial y otros materiales didácticos destinados a escolares pobres de las regiones Loreto, Ucayali y Madre de Dios (La República, 11/3/12). Además de 130 mil libros, mobiliario y equipos del Ministerio de Cultura. Es más, el daño ambiental concomitante ha afectado severamente las viviendas y la salud de varias familias del entorno vecinal.

SOSPECHAS

El fin justifica los medios. Las motivaciones ocultas de quienes habrían ocasionado este siniestro tendrían atribución múltiple. Por un lado, los presuntos beneficiarios de la quema de los textos escolares, quienes habían sido denunciados por la venta de libros a precios sobrevalorados, en perjuicio de la economía de humildes familias. Dicho comercio de la educación involucraba a algunas inescrupulosas autoridades escolares coludidas con editoras de textos escolares. En este contexto las primeras sospechosas serían las editoras privadas. De otro lado, la presunción de malos manejos de fondos públicos en la reconstrucción de los colegios emblemáticos, hacen sospechar de la mano negra de la corrupción en el sector educación.
Organizaciones mafiosas podrían haber pensado que en el almacén siniestrado se guardaban las pruebas de sus presuntas fechorías. En el almacén también contenía documentación de la reconstrucción de Ica. El mismo presidente Ollanta Humala manifestó que “en el siniestrado depósito sí había documentación oficial de cierta importancia relacionada con otros temas del sector educación” (La República, 11/3/12). El almacén guardaba documentación de carácter administrativo del Ministerio de Educación. (La Primera: 13/3/12. Entonces, cabe preguntarse: ¿hubo la intención de borrar pruebas? ¿A quienes beneficia este acto criminal?

MÁS INCENDIOS INTENCIONALES

Recientemente otros dos locales del sector educación se han incendiado en el interior del país. Así, el 20/2/12, un extraño incendio devastó el local de la Dirección Regional de Educación Loreto, quemándose archivos oficiales relacionados con contratos y adquisiciones. Entonces, se dijo que la causa fue un “cortocircuito”. También, el 25/2/12, en Pucallpa se incendió la Dirección Regional de Educación de Ucayali, presumiéndose que fue un sabotaje para desaparecer contratos irregulares (La República, 10/3/12).

ROL DE LA PRENSA

Extrañamente, la gran prensa en esta oportunidad no ha jugado el rol de investigación periodística que le corresponde, en aras de descubrir y denunciar ante la opinión pública a los mafiosos orquestadores y perpetradores de estos desastres planificados. Solamente un día el incendio ocupó las primeras planas de la prensa, luego la cobertura ha sido ausente o mínima, relegada a las páginas interiores de algunos diarios de circulación nacional, con la honrosa excepción del diario La Primera (Crimen repudiable: 11/3/12), que mantiene una línea consecuente de denuncia de este hecho repulsivo y denigrante contra de la educación de los niños pobres. La gran prensa, pues, ha optado por la política del silencio cómplice, del cual habló Gonzales Prada. ¿Por qué esta extraña autocensura mediática?

IMPUNIDAD

Los incendios provocados y el robo sistemático de documentos incriminatorios, siempre han sido la herramienta infalible del omnímodo poder oscuro, paralelo al poder del Estado, para asegurar la impunidad. Los autores mediatos y los operadores del acto criminal, realizan sus fechorías de la mano de la normatividad vigente para escudarse en los vacíos administrativos y legales, preconizando cínicamente su inocencia.
En relación a la autoría del desastre, el congresista Roberto Angulo expresó que este incidente “no puede quedar impune y parece que hubo un acto voluntario y doloso para producir el incendio”. En igual sentido se pronunció el congresista Rubén Condori, quien manifestó que la policía y la Fiscalía “tendrán que evaluar si el incendio tuvo un origen intencionado. Esto es una especie de sabotaje, teniendo en cuenta el tránsito de un gobierno a otro, pues, parece que algunos ex-funcionarios están intentando deshacerse de algunas pruebas que comprometen al régimen anterior” (La Primera, 12/3/12).
Sin embargo, las investigaciones policiales, del Ministerio Público y de los entes gubernamentales afectados, frecuentemente acaban en el archivamiento con la consabida etiqueta de la impunidad: FALTA DE PRUEBAS.
De esta manera, el Perú se ha convertido en el paraíso de la corrupción, la impunidad y el narcotráfico.
EL PODER

El fin supremo del poder de Estado es hacer el bien a la sociedad, administrándola con equidad y justicia. Cuando el poder económico paralelo no logra imponer sus intereses particulares al poder estatal, entonces maquiavélicamente se trastoca en poder oculto, el mismo que mediante acciones mafiosas atenta contra el poder estatal, avasallándolo mediante el sabotaje y la presión mediática implacable contra las autoridades gubernamentales, hasta quebrarlas. Para ello, usa la mano negra de operadores a sueldo, sean difamadores, incendiarios, delincuentes o sicarios a los cuales les asegura impunidad anticipada o comprada. Y sin sanción no hay justicia.
Igualmente, la política de los barones del dinero secularmente ha sido la de mantener al pueblo sumido en la miseria y en el oscurantismo mental, para que no sea capaz de defenderse ni de exigir justicia. Este condenable incendio es una manifestación de esa política de exclusión histórica de las grandes mayorías nacionales.
Cuando ese poder ególatra penetra y se apodera del Estado, este es incapaz de imponer la equidad y la justicia social. Con razón Francisco Quevedo y Villegas, sentenció: “Poderoso caballero es don dinero”.

REFLEXIONES
· ¿Cuál es el trasfondo político de este boicot abominable?
· ¿El Estado será capaz de encontrar las verdaderas causas del siniestro?
· ¿Hasta cuando la sociedad peruana va a soportar la corrupción, el narcotráfico y la impunidad?
· ¿Por qué el Estado permite que el poder oculto lo avasalle?
· ¿Tiene límites la sumisión, la indiferencia y el conformismo de los peruanos?
· ¿Por qué los peruanos toleran la medianía y la corrupción de su clase política?
· ¿Qué tendría que suceder para que los peruanos digan ¡basta! ante tanta iniquidad?
· ¿Por qué el Estado no desarrolla activamente la autoestima de los peruanos mediante la educación?
· ¿Cuándo el Estado dará trato y presupuesto digno al Cuerpo de Bomberos?
· ¿Por qué un almacén de tanta importancia no tenía la seguridad necesaria?
Los poderosos se sienten dueños del Perú y los excluidos sólo gimen y sufren su fatalismo ancestral.
Lima, marzo del 2012

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