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Se van revelando de a pocos los entretelones que derivaron en la dación del cuestionado Decreto Legislativo 1097 que, según la ONU, promueve la impunidad. A la confesión del ministro de Defensa Rafael Rey de que, en efecto, le consultó al abogado César Nakazaki, defensor legal del preso ex presidente Alberto Fujimori, sobre el dispositivo legal, se suma ahora una carta publicada esta mañana por el diario La República.
Se trata de una misiva dirigida al congresista fujimorista Rolando Sousa, socio de Nakazaki, de parte de Mariella Pichilingüe, directiva de la Asociación Pro Derechos Humanos de Civiles, Ronderos, Policías y Militares, y hermana del subjefe del grupo paramilitar Colina Carlos Pichilingüe.
En la carta, entregada el 30 de junio de este año, Pichilingüe le solicita a Sousa, presidente de la Comisión de Justicia, hacer algo por los militares procesados por la justicia. Al día siguiente, 1 de junio, Sousa planteó y logró que la Comisión de Justicia incluyera delegar facultades al Ejecutivo sobre “normas procesales y penitenciarias para militares y policías procesados o condenados por violaciones de DDHH”.
En marzo del 2010 el Ejecutivo había solicitado al Congreso facultades legislativas por 60 días para optimizar la política de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Es en el marco de estas facultades que Sousa logró incluir el pedido de Pichilingüe.
Cinco días después, el 6 de junio, Sousa remitió a Mariella la carta Nº 040-2009-2010-CJDDHH/CR donde le dice que, en atención a su carta del 30 de junio, “logró” la aprobación de la Ley de Delegación de Facultades. Debido a este “logro” de Sousa se abrió el camino para formular el D.L. 1097 que, como ya explicó el ministro Rey, fue consultado con el socio de Sousa, el abogado de Fujimori César Nakazaki.
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