lunes, 24 de agosto de 2009

FIDENCIA Y RUTH ALDANA DICEN QUE GERENTE CIP NO ES RESPONSABLE DE PRESUNTO FRAUDE

Según las testimoniales de las trabajadores del CIP-CD Piura, Fidencia Gonzalina Juárez Arrunátegui (arriba) y Ruth Viviana Aldana Huamán (abajo) "no hubo responsabilidad por parte de los inculpados Gerardo Homero Gallo Olmos y Ricardo Reyes Vite" (ex contador del CIP) en el presunto delito, tipificado por la Fiscal Karina Castro Vásquez, como "fraude en la administración de personas jurídicas-administración fraudulenta- ocultar a las accionistas la verdadera situación de la persona jurídica falseando los balances y usar en provecho propio o de otros el patrimonio de la persona jurídica en agravio del Colegio de Ingenieros del Perú".
Las declaraciones de ambas subordinadas del ingeniero Gallo Olmos, gerente del CIP-CD Piura en ejercicio, coinciden con la del past decano del Colegio de Ingenieros del Perú, Pedro Antonio Valdiviezo Palacios. Afirman ellos que "la auditoría realizada al balance general CIP no refleja que se haya realizado alguna adulteración o falsificación de los balances económicos-contables". Sus testimomniales obran en los folios 580/581, 582/583 y 599/600 del expediente 2611-2008 que estudia actualmente, para emitir sentencia, el Juez del I Juzgado Liquidador, doctor Augusto Alfonso Lau Arizola.
El ingeniero Gallo Olmos en su descargo, ha manifestado "que los hechos (por lo que fue acusado por el representante del Ministerio Público) están fuera de sus funciones, puesto que en su función de gerente no desarrolla ningún acto contable"; mientras que el inculpado Reyes Vite, en su instructiva obrante a folios 609/611, señaló que "no tiene cargo en el CIP y su único trabajo es ser contador externo", declaraciones -a decir de la doctora Karina Castro- que en nada disvirtuán en nada la pericia contable realizada por el CPC Javier Nicolás Bereche Girón, quien detectó que faltaba incluir el monto de 82 mil 802 soles de la cajera Isabel Encalada, otra de las implicadas, procesada por apropiación ilícita.
La apropiación ilícita la denunció ante la Fiscalia Provincial de Piura el ingeniero Gerardo Homero Gallo Olmos. Lo hizo contra la Encalada y contra los que resulten responsables, pero al cabo de seis meses de investigación, la representante de la legalidad, lo incluyo en el proceso, al igual que a Reyes Vite y ha pedido para ambos profesionales una pena privativa de la libertad de un año y el pago de una reparación civil de mil soles cada uno. Para la otra inculpada, se está pidiendo una reparación de dos mil, tres años de prisión, sin perjuicio de cancelar -los tres- el saldo de lo usado en provecho propio.

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